El ataque cibernético a la Secretaría de Defensa de hace unas semanas ha dejado al descubierto la cooperación de grupos de robo de combustible con autoridades y funcionarios de alto nivel, aunque sin muchos nombres revelados.
Las fichas elaboradas por las fuerzas de inteligencia nacionales revelan la vigilancia y el intento de conocer la articulación de las bandas de robo de combustible al sur del país, con especial incidencia en Tabasco y Veracruz al que han denominado como el ‘caso Olmeca’ .
Los trabajos de inteligencia concluyen la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los elementos de seguridad de la estatal Pemex en la red de robo a la compañía.
Los documentos revelan sobornos de los grupos delincuenciales –aparentemente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación– de hasta 200,000 pesos para permitir el libre tránsito de los vehículos que van del sur hacia el centro y norte del país cargados de combustible robado y por un servicio de vigilancia en los puntos de obtención del combustible.
“Proporcionan seguridad en el lugar de extracción y escoltan los vehículos con combustible robado”, se lee en uno de los documentos en referencia a elementos de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en Tabasco.
El grupo, identificado en los archivos como un grupo independiente de tráfico de hidrocarburos, compra gasolina robada de la compañía estatal en precios que van desde los dos a los cuatro pesos para después revenderla en 17 pesos.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo, también contenidas en los cientos de archivos filtrados, dan cuenta de un sistema que fomenta la impunidad: Tabasco cuenta con 8,760 elementos entre policía de investigación, estatal y municipal. Esa cifra implica 0.5 policías por cada mil habitantes.
“La ubicación de los ductos en una extensa parte de la región y los medios insuficientes para vigilarlos, permite que se realicen tomas clandestinas con el fin de extraer ilícitamente combustible, lo cual ha generado confrontaciones entre los grupos criminales que pretenden tener el control de esa actividad ilícita”, dice uno de los documentos.
El gobierno federal, según los archivos, ha seguido de manera continúa a grupos delincuenciales que han sumado a sus actividades –de narcotráfico, extorsión, trata de personas– al robo de combustible.
En 2019, como una de las primeras acciones de este sexenio, fue ampliado el catálogo de delitos graves, incluyendo al robo de combustible como uno de la lista. Pero los archivos filtrados, calificados ayer como un “rotundo fracaso” por el presidente, ha revelado un avance apenas modesto en la lucha en contra de este delito.
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