El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que reunió esta semana a más de 100 países en su Examen Periódico Universal (EPU), evaluó al Estado mexicano y emitió varias recomendaciones en torno a la violencia contra los periodistas, las desapariciones, la violencia machista y la gestión de la crisis migratoria, entre otros asuntos. El país ha sido uno de los 14 miembros sometido a este análisis que se repite cada cuatro o cinco años.
Pese al compromiso que México dice tener por el respeto a los derechos humanos, los países presentes en la reunión emitieron más de 300 recomendaciones que demuestran todo lo contrario. Las desapariciones, los feminicidios, el asesinato de periodistas y la violencia en el país son la prueba de las graves violaciones a los derechos humanos que suceden cada día, todos los días.
Entre los temas más polémicos también resonó el de la militarización. La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por el poder creciente que ha amasado el Ejército en los últimos seis años. Reino y Nueva Zelanda se pronunciaron a favor de la desmilitarización de la Guardia Nacional y el traslado del mando de esta corporación a las autoridades civiles. Turquía agregó en este asunto que el uso de las Fuerzas Armadas no debe impedir “la transparencia y el respeto a los derechos humanos”.
Respecto a los ataques a la prensa, 28 países condenaron el asesinato de periodistas y los problemas para ejercer esa profesión. México es el país más peligroso para ejercer el periodismo, después de los países en guerra. La comunidad internacional ha hecho un llamado para que el país garantice la libertad de expresión, sin embargo, todas estas recomendaciones no son de carácter vinculante.
México tiene hasta el mes de junio para responderlas y decidir si las sigue y anuncia mecanismos para cumplirlas o si las desoye, como ha sucedido en anteriores ocasiones. Varias organizaciones de la sociedad civil, quienes llevan denunciando violaciones a derechos humanos en el país desde hace décadas, denunciaron que el Estado mexicano incumplió las anteriores recomendaciones que la ONU le hizo en materia de derechos humanos, la última hace cinco años.
En noviembre del año pasado, más de 300 organizaciones nacionales e internacionales presentaron informes con sugerencias para revertir la “alarmante crisis en materia de derechos humanos”. Estas asociaciones indicaban que desde 2018, año en el que empezó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la situación ha ido a peor. Hace dos días, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un ente autónomo, propuso su disolución en la Cámara de Diputados debido a que “no responde a las necesidades del pueblo” y planteó la creación de la “Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo”.
El grupo de trabajo del EPU está compuesto por los 47 Estados miembros del Consejo de derechos humanos. Sin embargo, cada uno de los 193 estados miembros de la ONU puede participar en el examen de un país.
Los documentos en los que se basan los exámenes del país son: el informe nacional, compuesto por información proporcionada por el Estado examinado; información contenida en los informes de expertos y grupos independientes de derechos humanos, conocidos como Procedimientos especiales, órganos de tratados de derechos humanos y otras entidades de la ONU y la información proporcionada por otros interesados, donde se incluyen instituciones nacionales de derechos humanos, organizaciones regionales y grupos de la sociedad civil.
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