Después de que en el 2018 un total de 1 mil 366 padres fueron demandados por incumplir con sus obligaciones de asistencia familiar, al cierre del 2020 los casos bajaron a 855.
Sin embargo, en 2021 empezaron a repuntar, llegando a 1 mil 107 en ese año; y al término del 2023 cerraron en 1 mil 90 nuevos casos de demandas a padres que se han desentendido de sus obligaciones familiares, mientras que el 2024 terminó con 1 mil 13 nuevos casos.
Para el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) los casos en Tabasco de padres que se niegan al sostenimiento de sus hijos pasaron de 1 mil 366 denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en el 2018, a 1 mil 334 en el 2019, cerrando en 855 denuncias de este tipo durante el 2020, en plena pandemia del Covid-19.
Sin embargo, pasada la cuarentena las personas afectadas por el incumpliendo de las obligaciones de asistencia familiar por parte de quienes deben hacerlo volvieron a salir a exigir este derecho para sus hijos.
Fue así que en el 2021 la FGE recibió 1 mil 107 denuncias por este delito tipificado en el Código Penal del Estado de Tabasco. Los casos siguieron en aumento, llegando a 1 mil 18 en 2022, y para el 2023 cerraron en 1 mil 90 denuncias presentadas ante el agente investigador.
De acuerdo con los datos de la dependencia federal, para el 2024 las inconformidades recibidas por esta situación en la Fiscalía del estado llegaron a 1 mil 14, y hasta el mes de marzo del año actual, un total de 290 personas han solicitado el pago de alguna pensión alimenticia por la vía penal.
De acuerdo con el artículo 206 del Código Penal del estado de Tabasco, el delito de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar consiste en no proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber legal. A quienes se les encuentre culpables de esta acción se le aplicará prisión de seis meses a dos años.
Así mismo, desde el 2023 se creó el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que tiene como objetivo garantizar el derecho a los alimentos de menores de edad y una efectiva protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como concentrar la información de personas deudoras alimentarias.
Las que están inscritas en dicho registro se le suspenden los derechos ciudadanos, por lo que no pueden participar como candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombradas para empleos o cargos en el servicio público.
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