El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, envió al Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de Decreto que plantea una reestructuración profunda en la administración y planeación de las carreteras de la entidad. A través de modificaciones directas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley de Movilidad, el proyecto busca establecer el “Modelo de Inversión Estratégica con Bienestar”, un esquema que permite atraer capital privado a proyectos de infraestructura mediante concesiones, asegurando un beneficio social directo a las comunidades sin generar nueva deuda pública para el erario.
El punto medular de esta reforma es el empoderamiento y la nueva participación de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) en materia de movilidad. Con la modificación legal, la SOTOP asume la rectoría del sistema carretero y se convierte en la autoridad encargada de otorgar las concesiones para construir, operar y mantener la “infraestructura vial estratégica” por plazos iniciales de hasta 30 años.
Además, esta dependencia será la responsable de autorizar y modificar las tarifas de peaje, emitir las disposiciones técnicas y coordinar las políticas de ingeniería de tránsito. Como muestra de este cambio de facultades, la iniciativa establece que los trámites de infraestructura vial que actualmente llevaba la Secretaría de Movilidad, pasarán a ser atendidos directamente por la SOTOP.
Para poder operar y supervisar este ambicioso modelo, la iniciativa decreta la transformación radical de la Junta Estatal de Caminos (JEC). Creada en 1987 como un simple órgano administrativo desconcentrado y con capacidades limitadas, la JEC evolucionará para convertirse en un Organismo Público Descentralizado, el cual quedará sectorizado a la SOTOP. Esta nueva naturaleza jurídica le otorgará a la JEC patrimonio propio y una autonomía técnica, presupuestaria y de gestión sin precedentes.
A partir de ahora, la Junta no solo será el brazo técnico supervisor de la SOTOP, sino que tendrá facultades para gestionar esquemas modernos de financiamiento, colocar valores y bonos en los mercados, contratar a terceros mediante concursos públicos y administrar los ingresos derivados de las vías que le sean concesionadas.
La finalidad central de otorgarle el control a la SOTOP y autonomía a la JEC es erradicar la desarticulación vial y consolidar a Tabasco como el verdadero corazón logístico del sureste mexicano. Al contar con vehículos financieros transparentes y una administración especializada, el Estado busca agilizar el flujo de mercancías hacia la Península de Yucatán y Centroamérica, integrándose de manera eficiente con megaproyectos como el Tren Maya.
En última instancia, la meta del gobierno estatal es que la modernización de las carreteras se traduzca en una “rentabilidad social”: garantizando traslados seguros, atrayendo inversión que genere empleos formales y conectando a las comunidades rurales hoy excluidas, todo esto sin representar un impacto extra al presupuesto estatal.
