El gobierno de Estados Unidos comenzó la planificación de una operación militar y de inteligencia en México para combatir directamente a cárteles de la droga informó NBC News a través de un reportaje firmado por Courtney Kube, Dan De Luce y Gordon Lubold, basado en declaraciones de funcionarios estadounidenses en activo y exfuncionarios familiarizados con la iniciativa.
La investigación señala que ya existen fases iniciales de entrenamiento.
Según las fuentes consultadas por ese medio, se busca “definir el alcance, los objetivos y el marco legal para una operación que incluiría personal estadounidense en tierra”.
El plan contempla que las fuerzas pertenezcan al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, bajo la autoridad del Título 50, esquema que implica participación directa de la CIA.
De concretarse la aprobación, esta misión representaría un cambio respecto a anteriores administraciones estadounidenses, que solo autorizaron labores de apoyo y capacitación en México sin actividades militares directas.
Además, de acuerdo con el reportaje, el operativo se mantendría secreto y podría incluir “ataques con drones contra laboratorios y líderes criminales, así como vigilancia y espionaje mediante sistemas satelitales y electrónicos”.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que su gobierno rechaza cualquier intervención armada extranjera, sin embargo, fuentes citadas por NBC News señalan que la administración de Trump consideraría “ejecutar acciones sin coordinación directa con México”.
El trabajo periodístico recuerda que el Departamento de Estado designó recientemente a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que amplía facultades legales para operativos de inteligencia y ataques de precisión fuera del territorio estadounidense.
Este plan se vincula con la expansión de la campaña militar que Trump inició en 2024, la cual incluye ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
NBC News reportó que esas acciones han dejado 64 personas fallecidas, pero hasta ahora no existen pruebas públicas sobre la identidad de las víctimas ni la naturaleza de las cargas incautadas.
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